La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) denunció irregularidades en la aplicación de la norma sobre las actas de inspección, vigilancia y control de droguerías en distintas regiones del país. Estos son los documentos reglamentarios que recopilan los resultados de las visitas de inspección que hacen las instituciones de salud a las droguerías y establecimientos que comercializan medicamentos.

Asocoldro indica que no hay un acta nacional que regularice el otorgamiento de medicamentos para que luego pasen por el filtro de Inspección, Vigilancia y Control (Filtro IVC), lo que ha provocado que en varias ciudades se presenten irregularidades. Esto representa para la asociación una inseguridad jurídica y técnica porque hay una falta de criterio que los inspectores de salud a nivel nacional deberían tener.

Bibiana Bueno, directora ejecutiva de Asocoldro, explicó que cada municipio tiene su propia acta de inspección, lo que significa que los secretarios de Salud pueden establecer las medidas de control que les parezca.

Para el caso de Bogotá, por ejemplo, “hay un acta en construcción, y hay un coordinador que está realizando las exigencias del acta que no está aprobada por el Invima, eso es ilegal. El acta pide que quien entrega el medicamento a domicilio debe ser el profesional de la salud. Es decir, un químico farmacéutico en moto entregando medicamentos. Nos piden tener tanques de agua como si fuéramos farmacéuticas”, explicó Bueno para la emisora Blu Radio.

De igual manera, Asocoldro denunció que la norma se interpreta de forma irregular en las distintas regiones, permitiendo abusos de poder por parte de funcionarios públicos y contratistas sanitarios, para permitirle a los propietarios de droguerías y farmacias prestar servicios farmacéuticos.

En Villavicencio, continuó Bibiana Bueno para la emisora mencionada, al inspector de salud “se le ocurre que la temperatura mínima debe ser de 25 grados, y si no se hace recogen la mercancía, la norma dice que lo mínimo son 30 grados. Cuando el Invima es el que debe aplicar esa medida sanitaria”. También reveló que en Cali los funcionarios de salud “hacen lo que quieren”, y que en Popayán “cobran por un concepto favorable, lo cual es un acto de corrupción”.

Las exigencias que se estarían imponiendo en diferentes territorios no están relacionadas, para Asocoldro, con la misión comercial del droguista o farmaceuta, porque no estarían contempladas en la normativa vigente y también por temas estructurales.

También denunciaron falta de capacitación en quienes venden los medicamentos, la mayoría de estos de venta libre al público, lo que impacta en la dispensación en el país, algo que agrava el desabastecimiento de fármacos a nivel nacional.

La Asociación de Droguistas asegura que esta falta de regularización afecta a 40 mil empleos directos y 60 mil indirectos, que ya están empezando a sentir los efectos de la escasez de medicamentos y en algunos casos del desabastecimiento. Indicaron que el hecho de que no exista una norma para llenar de manera adecuada las actas de inspección, vigilancia y control, debilita las funciones de las Secretarías de Salud a nivel nacional, que rigen establecimientos como droguerías. De igual forma, alertaron que es necesaria la capacitación de personal que se especialice en regularizar y monitorear el sistema de abastecimiento.